viernes, 20 de enero de 2017

LA REVOLUCIÓN DE LAS COMUNIDADES CASTELLANAS: BREVES APUNTES DESDE UN PUNTO DE VISTA IDEOLÓGICO Y JURÍDICO

Existe un paralelismo entre Comuneros y Carlistas.

Los comuneros de Castilla fueron pioneros en tratar temas tales como la democracia, el poder popular o el valor de lo común frente a lo individual. Poner su lucha en valor equivale a comprender un asunto central para cualquier gobierno tal como es la legitimidad que del pueblo emana, legitimidad que los comuneros así como los carlistas, llevaban inscrita en el “ADN” de su cosmovisión política.

ANIBAL V. / L.D.
20 de enero de 2017 

Pese a que pueda parecer todo lo contrario, existe un delgado hilo rojo que une la revolución de las comunidades de Castilla acaecida en el trienio 1519-1521 con la revuelta que protagonizó el bando carlista durante el s. XIX. Para comenzar, es necesario hablar acerca de la significación que han recibido ambos sucesos por parte de historiografía menos rigurosa pero más tristemente difundida en el común: aparecen ambos estallidos como chispazos aislados que rompen el sentido dialéctico de la historia, quedando en el imaginario colectivo como hechos sin mucho sentido. Por el contrario, durante los últimos años hemos visto como tanto las comunidades como las guerras carlistas han sido re-interpretadas como expresiones de la resistencia de carácter eminentemente popular frente al poder centralista y despótico de Carlos V de Alemania a comienzos del s. XVI, y de la monarquía liberal capitalista del s. XIX. Pero, ¿Cómo acercarnos a las motivaciones ideológicas de los comuneros de castilla? Sin duda, una fuente valiosísima es su producción jurídica estudiada por el profesor J. A. Maravall.


A la hora de comprender y analizar un movimiento como el de las comunidades castellanas desde un punto de vista jurídico, se hace intrínsecamente necesario el analizar este fenómeno desde un punto de vista ideológico. Esto se debe al carácter político que toda norma jurídica lleva inscrito: son principios ideológicos los que determinan las directrices que establecen dichas normas y son estos principios condición previa a la elaboración de estas normas jurídicas. El movimiento comunero no es una excepción, y por ello, analizamos a continuación estos principios ideológicos para justificar y analizar así las medidas jurídicas adoptadas por el movimiento comunero castellano. Uno de estos principios rectores de la producción jurídica comunera es sin duda alguna la noción de “lo común”, ya que es raro el documento redactado por alguno de los actores del bando comunero en el que no venga reflejado este concepto. En este sentido, es necesario puntualizar en que se materializa “lo común”, ya que en la cosmovisión comunera se encuentran dos sentidos del término: una parte activa y una parte pasiva. El profesor J.A. Maravall identifica la parte activa del termino “común” con la comunidad, es decir, las personas no distinguidas que integran las ciudades, y he aquí donde se hace necesario realizar un matiz muy importante, ya que a pesar de que los comuneros actúan en nombre del común¸ la representación de éste se continua realizando en una base estamental representando a las ciudades, no a todo el reino. A pesar de que en ningún momento los comuneros no estableciesen explícitamente la ruptura con el concepto “súbdito”, tácitamente así establecen esta ruptura al señalar a este conjunto de individuos como depositantes de la legitimidad en la toma de decisiones, rompiendo con el axioma medieval de la legitimidad del monarca a la hora de hacerlo. El máximo exponente de esta vertiente de lo común es la junta, en la que se ve representada la voz de los comunes a través de mecanismos de representación indirecta a la hora de tomar decisiones que afecten a ellos mismos, ya que estas juntas aspiran a asumir la representación del reino sin dejar fuera a nadie que conforme esta “comunidad”. Más adelante profundizaremos en la significación de las juntas en el entramado jurídico-ideológico comunero. En cuanto a la vertiente “pasiva” de la noción de lo común, nos encontramos con otra idea igual de rupturista e innovadora que el concepto anterior, y es que para el movimiento comunero el reino se identifica como lo común en un sentido pasivo ya que es la comunidad la que puede decidir y legislar sobre lo común. La diferencia es sutil pero muy significativa: tradicionalmente, quien podía decidir y quien adoptaba esas decisiones eran dos sujetos distintos (rey y reino), pero durante las comunidades este esquema sufre un giro de 180 grados por el cual pasan a identificarse comunidad y reino quedando en un mismo nivel. El reino es constituido por la comunidad y la comunidad es la que decide sobre el reino, es decir, a través de un sistema de democracia directa, es la comunidad la que se gobierna a sí misma, sentando las bases de una democracia representativa que los propios comuneros reconocen como tal sin reconocer un poder superior al que acatar, tal y como señala el profesor Maravall: “(…) se trataba de no pagar ni obedecer, mas que en el supuesto de que tal 2 obligación se basara en la voluntad propia, esto es, participando de algún modo y en alguna medida en el gobierno propio”1 . Otra idea interesante que extrae el profesor Maravall de esta noción de lo común, es el carácter protonacional de esta revuelta. Pese a las distintas interpretaciones de la revuelta comunera, esta no puede ser vista en exclusiva como un conjunto de reivindicaciones locales en contra de las reformas realizadas por Carlos V, sino que ha de ser interpretada como una “guerra política, cuyas reivindicaciones (…) afectan al orden del poder”2 , ejemplo de ello es que apenas hay referencias a fueros locales o privilegios en toda la producción escrita del movimiento comunero, sino que se toma como objetivo el “bien común” del reino de Castilla, estableciéndose de este modo una identidad política en torno a la que agruparse, contribuyendo a la superación de la visión corporativa y particularista de la sociedad, visión propia de la Edad Media. Ejemplo de ello tenemos en los distintos pasquines colocados en las puertas de las parroquias al comienzo de la revuelta comunera en el que se podía leer “Tú, tierra de Castilla muy desgraciada y maldita eres, al sufrir, que un tan noble reino como eres, sea gobernado por quienes no te tienen amor” o en la forja de símbolos comunes que dotaron de un carácter corporativo a la revuelta, como los juramentos (véase en nuestro caso, el juramento de Tordesillas) o el toque de campana llamando a la junta. Por último, hemos de profundizar en un aspecto al que habíamos hecho referencia anteriormente, y es el carácter democrático de la revuelta comunera que sin duda queda plasmado en el entramado jurídico que esbozan. Señala Maravall que no es un anacronismo el calificar esta revuelta como democrática, ya que Maldonado califica como tal a la revuelta que observa en Burgos, entendiendo la democracia como “el gobierno popular o gobierno de muchos”3 , pero ¿Quiénes eran estos “muchos” para los comuneros? he aquí de nuevo una aparición de un concepto casi anacrónico que no es otro que el de “ciudadano”, estatus político que según Maravall, citando a fray Alfonso de Castrillo, es conferido por la capacidad del individuo de participar “del poder para juzgar y determinar públicamente”4 . Este principio de participación ciudadana está radicalmente inscrito en la finalidad de las juntas comuneras, que aspiran a representar al reino sin dejar fuera a nadie rompiendo con las revueltas que se habían llevado a cabo con anterioridad en el reino de Castilla que buscaban arrancar del poder una medida en concreto. En la revuelta comunera, sostiene Maravall que lo que estaba en juego era la constitución política del reino, ya que buscaban arrebatar el poder a sus ostentadores para “hacer que el común asuma el gobierno”5 . En este punto, creemos importante señalar la importancia de la “junta” en el entramado jurídico-político del movimiento comunero, dado su papel en la estructuración del “bien común” y la opinión del pueblo en torno a las políticas a desarrollar para contribuir al mismo. Resulta fundamental para entender la importancia capital de este órgano de gobierno la significación que tenía esta así como el papel del monarca en la tradición política castellana hasta comienzos del s. XVI, ya que según esta tradición, la corte, órgano del que derivan las juntas, asumía el rol medieval del auxilium y consilium, en las que como mucho, se suplicaba al rey para que éste tomase alguna medida al respecto. En el entramado jurídico comunero, la corte no es un espacio en el que se suplique al rey, sino que se avanza democráticamente y se establece esta como un espacio de discusión entre el rey y el pueblo en el que el monarca no (1 MARAVALL, J.A.: Las Comunidades de Castilla. Alianza Editorial, Madrid, 1984, P. 154 2 Ibidem, P. 38 3 Ibidem, p. 155 4 Ibidem, p. 97 5 Ibidem p. 90 3) podía más que refrendar lo consensuado en las cortes; y dado el caso de que el monarca así no aceptase, pasaría la junta a establecerlo de manera violenta obviando la decisión del rey6 . El máximo exponente de este sistema de juntas es la junta de Ávila, máximo órgano de gobierno de la revuelta comunera constituida el 29 de junio de 1520 en la misma ciudad que indica su nombre. Como hemos comentado anteriormente, esta junta recoge una aspiración profundamente democrática que no es otra que la de asumir la representación de la comunidad, es decir, de todo el reino sin dejar fuera a nadie. Esta junta es radicalmente revolucionaria de por sí, ya que atendiendo a la tradición política del reino de Castilla, las cortes habían de ser convocadas por el monarca y estas cortes se reúnen sin haber recibido la convocatoria real, si bien para recibir cierta legitimidad se dirigen posteriormente a la reina Juana, encerrada en Tordesillas para que refrende estas cortes. Es interesante también señalar que no esperaban de ningún modo recibir en un primer momento la legitimación por parte de la monarquía sino que asumían que la legitimidad de esta Junta emanaba directamente de las ciudades representadas en ella, tal y como queda reflejado en la siguiente frase recogida por el profesor Maravall en su obra “Las comunidades de Castilla”: “que queriendo nosotros tomar el trabajo de remediar todas las cosas del Reyno no hay necesidad que los grandes se junten para ello”7 . Si bien es cierto que empíricamente la junta debiera funcionar en base a los consensos adoptados en ella a través de los procuradores de las ciudades enviados a la misma, la Junta de Ávila actúa en ocasiones con total libertad sin esperar a las ciudades debido a la urgencia de la toma de ciertas decisiones relacionadas con el rumbo militar de la revuelta sosteniendo que todos sus poderes emanaban directamente del reino y no del rey. De este modo, se comprende que ésta no pretendía actuar como una especie de consejo de regencia al estar ausente Carlos V y no reconocer la legitimidad del regente Adriano de Utrecht, sino que según palabras de J.A. Maravall, la junta “se presenta como órgano de gobierno que puede reemplazar al rey, sin contar con la voluntad de este (…) y asume un poder que se extiende a todas las materias de gobernación”, llegando incluso a calificarlas de cortes constituyentes. De este modo, se le puede conferir tres características básicas a esta junta, tales como la exclusividad, su universalidad, y la potestad que argumenta para regir sobre todo el reino. Exclusividad, en tanto que único órgano legítimo para representar la voluntad del reino y mirar por su intereses debido a que reúne, por voz de sus procuradores, a las ciudades; universalidad, porque bebe del carácter intrínsecamente comunal de la revuelta representando y discerniendo sobre todo el reino en su totalidad; y potestad, porque su autoridad nace en el pueblo que para el movimiento comunero es el objeto político con mayor legitimidad8 El principal documento emanado de esta junta, es sin duda alguna la “Ley Perpetua de Ávila “o “Constitución de Ávila” de 1520, que es sin duda toda una declaración de intenciones por parte de los comuneros ya que recoge toda la esencia de la revuelta que protagonizan. Es en este punto esencial volver a remarcar el carácter político de esta revuelta: no es una revuelta puramente medieval en la que se lucha por un privilegio o medida concreta, es una lucha por la reestructuración del poder político en la corona de Castilla por completo en una base puramente democrática, para ser más explícitos, Menéndez Pidal afirma que la revolución de las Comunidades “es una disputa por la constitución política de Castilla” 6 “(…) ya vimos que algunas ciudades entregaron instrucciones a sus procuradores, no para que se suplicarse, sino para que en la Junta se discutieran y acordaran las normas necesarias para reorganizar el reino. La junta redacta el texto de la Ley Perpetua para pedir al rey que la acepte y la jure (…) La iniciativa, y más aún, el derecho de discutir y fijar el texto del proyecto, son facultades asumidas por la Junta. Y tenemos en ello una imagen de lo que la función legislativa había de ser (…)” Ibidem, pp. 168-169 7 Ibidem, p. 113 8 Ibidem, p. 117. 4 guiado por un pensamiento político que estructura sus demandas. Y este documento es la máxima expresión de este carácter renovador de la revuelta comunera, ya que en él queda quedan plasmados todos los conceptos que hemos señalado anteriormente para servir de soporte y justificación de la estructura política que en este documento se esboza, por lo que para autores como Kaplan9 o Belmonte la Ley Perpetua de Ávila se trata de la primera constitución moderna por delante de textos como la Bula de Oro de 1222 o la Carta Magna de 1215 ya que para Belmonte, estos textos son solo intentos de acotar el poder real y no buscan reorganizar el sistema político, mientras que la principal finalidad de la Ley Perpetua es esta. Cabe reseñar en este punto la controversia abierta en este punto, ya que para autores como Maravall (que consideran la revolución comunera como una revolución moderna), si bien la Ley Perpetua de Ávila fue una contribución importante al Derecho Constitucional; no puede considerarse como una Constitución en su contenido, ya que según el propio Maravall “no se trata más que de transformaciones de prácticas tradicionales (…) orientadas a fines nuevos”10 , pero sí en su esencia, ya que busca proteger la figura del súbdito ante los abusos del monarca y garantizar la participación del pueblo en la toma de decisiones que afecten al mismo. De todos modos, es tal es la importancia de este documento en la historia del constitucionalismo, que según el historiador J. Belmonte (citando a Pérez Serrano) este documento influyó notablemente en 1787 durante la redacción de la Carta Política de los EEUU11 . En cuanto al contenido de la “Ley Perpetua de Ávila”, nos encontramos con varias de los principales asuntos que preocupaban a los comuneros, tal como la entrega de cargos de gobierno a extranjeros, limitando estos a los propios castellanos. Si bien se ha intentado extraer (desde enfoques que otorgan a la revolución comunera un carácter medieval) un tinte xenófobo de esta medida, Maravall lo contrasta afirmando por un lado el carácter “nacionalista” de esta medida entendiéndola como un servicio a la comunidad, por lo que solamente quienes fuesen miembros de la misma habrían de tener acceso a este servicio; y por otro, señalando el carácter meritocrático de esta medida al restringir el acceso a los puestos públicos al mérito personal12 . También se fija que los jueces no puedan recibir ningún otro salario que el que sea dispensado por la corona para evitar posibles condenas erróneas motivadas por sobornos, así como que los bienes confiscados por la justicia no reviertan a los propios funcionarios judiciales, que los pleitos que lleguen a las Cancillerías se atiendan por orden de antigüedad sin establecer preferencias; así como otra serie de artículos que intentan garantizar la independencia y transparencia de estos procesos, poniendo cota a la autoridad que el rey podía ejercer sobre estos procesos. Resulta interesante también observar la serie de propuestas que lanzan los comuneros al rey con respecto a las cortes. En relación a los principios que hemos venido señalando durante este capítulo, en el capítulo dedicado a la labor de las cortes se le indica al monarca 9 “…formed the equivalent of Spain’s first constitution, and clearly expressed the democratic ideas of some of the new social groups of lower aristocracy…” KAPLAN, T.: Democracy: A World History. Oxford University Press, Nueva York, 2014, p.24 10 MARAVALL, J.A.: Las Comunidades de Castilla. Alianza Editorial, Madrid, 1984,, p.167 11 “No extraña por tanto, como dice Pérez Serrano, que este texto se invocase más de una vez en 1787 en los debates de la Constitución norteamericana, y que en el período constituyente de Filadelfia (25 de mayo de 1787 - 17 de septiembre de 1787), se aludiera con reiteración a la llamada «Constitución de Ávila», como documento inspirador de la Carta Polí-tica de los Estados Unidos de América.” BELMONTE DÍAZ, J., Los Comuneros de la Santa Junta. La “Constitución de Ávila”. Caja de Ahorros de Ávila, Ávila, 1986, p. 14. 12 “Y que se sirva de tener en los dichos oficios a personas naturales destos sus Reynos, pues en ellos hay mucho número de personas hábiles y suficientes (…)” Asociación Socio-Cultural “Castilla” [En Linea]: Ley Perpetua de Ávila, 2013. [Visto por última vez el 03-11-2016]. Disponible en < http://www.asccastilla.org/contenido/images/PDF/LeyPerpetua.pdf > 5 que este no podrá dar instrucciones de ningún tipo a los procuradores de las ciudades así como que estos no puedan recibir directamente o por vía de terceros al monarca de manera privada “para recibir mercedes de Sus Altezas” 13 bajo pena de muerte y expropiación, velando de este modo por la independencia de este órgano así como de que sean los procuradores portavoces de las ciudades y expongan su parecer transparentemente en cortes. Se expone también la necesidad de que estos procuradores puedan reunirse libremente y las veces que estos quisiesen “sin que el presidente de cortes esté presente” 14 con la única condición de que los reunidos no sean más de la mitad de la composición de las cortes, además del privilegio que supone poder elegir por parte de cada procurador hasta cuatro letrados (pagados por la ciudad, nunca por el monarca), asegurándose así el papel principal en la redacción de las leyes que habían de redactar las cortes. Asimismo, destaca que se establezca un plazo máximo para que el monarca convoque a cortes, fijado en tres años. Llama la atención porque hasta el momento, la potestad para convocar estas cortes había sido exclusiva del monarca, sin tener en cuenta las necesidades de las ciudades o de sus súbditos, pero a pesar de ello, en la Ley Perpetua de Ávila se establece que dado el caso de que el monarca no llamase a cortes pasado este plazo estipulado, estas toman la legitimidad necesaria para reunirse sin necesidad de que el rey o sus representantes estén presentes. De este modo, podemos observar que la revolución comunera es sin duda alguna un hecho a tener muy en cuenta para la historia del pensamiento político, ya que se anticipa varios siglos a conceptos tan novedosos como el de “pueblo” o “democracia”, pretendiendo poner coto al poder monárquico, redistribuyéndolo a través de la renovación de una institución típicamente bajomedieval como son las cortes castellanas. 13 Op. Cit., p. 8 14 Op. Cit, p. 7