Herencia franquista disfrazada de "voluntad del pueblo".
La Constitución de 1978 fue fruto de la Ley Para la Reforma Política, blindó a los herederos de la oligarquía franquista: el capitalismo, el centralismo y la propiedad privada.
El Carlismo, desde el Partido Carlista apostó por la ruptura completa con el régimen franquista, y también con sus sucedáneos y marcas blancas, aunque se disfrazasen de "Constitución".
La Constitución de 1978 fue fruto de la Ley Para la Reforma Política, blindó a los herederos de la oligarquía franquista: el capitalismo, el centralismo y la propiedad privada.
El Carlismo, desde el Partido Carlista apostó por la ruptura completa con el régimen franquista, y también con sus sucedáneos y marcas blancas, aunque se disfrazasen de "Constitución".
LEGITIMISTA DIGITAL
06 de diciembre de 2016
Hoy
se engalanan "nuestros" políticos liberales con la parafernalia
constitucional. Se autoproclaman herederos del constitucionalismo
español y liberal, herederos de la Pepa de 1812, herederos del
proyecto constitucional liberal de Bayona de 1810.
Una
constitución como es la de 1978, cuya parte social ha caído en saco
roto, cuya parte económica se ha desarrollado en pro del mercado y
la iniciativa privada capitalista, apartando completamente la
planificación de la economía. Una constitución que como sus
predecesoras ha consentido la privatización/desamortización de los
recursos, bienes y medios de producción. Una constitución que ha
amparado bajo su desarrollo el sistema de explotación neoliberal
capitalista, que ha entregado la soberanía de las Españas a la
plutocracia usurera, cuyos gestores, los políticos una vez más,
forman parte de esta podredumbre llamada “nación española”.
Hacen
gala de una patria que no existe, de una soberanía que tampoco
existe, se proclaman patriotas defensores del país, pero privatizan
todo lo público.
Una
constitución, la de 1978, que no hemos votado, que es fiel reflejo
de la continuidad del régimen franquista por lo que supuso la
“aceptación” de la reforma política frente a la ruptura
política. Una falsa aceptación impuesta que obligó a optar entre
“dictablanda” y monarquía franquista.
Una
constitución que acepta y blinda a la actual casa de Borbón, la
rama liberal, la alfonsina, la juanista, la que representó Juan
Carlos el Usurpador y ahora su hijo Felipe el Impostor. Se anima al
analfabetismo social a salir a festejar los años que llevamos con la
actual constitución, fruto de la “Santa Transición”. Esa falsa
transición “modélica” y supuestamente pacífica que albergó a
los comandos de la extrema derecha franquista de Guerrilleros de
Cristo Rey, Batallón Vasco Español, la Triple A, y varios asesinos
diversos que no tuvieron inconveniente en formar los comandos
terroristas de los GAL bajo el gobierno del PSOE, cuyo presidente
Felipe Gonzalez Márquez se apunta al rango de la letra X, señor X,
responsable político del terrorismo de Estado.
Las
sombras de la actual y vigente constitución comienzan por todo su
incumplimiento respecto al tema socioeconómico, y prosigue cuando
entrega la soberanía de las Españas a Maastrich, o cuando acepta la
limitación del techo del gasto de las Comunidades Autónomas, y todo
ello sin consultar a la población.
La
actual Constitución es terrible cuando apunta que el jefe del Estado
es irresponsable de sus actos, o permite que los insuficientes
referendos que puedan darse en el país, no sean vinculantes.
La
actual Constitución ha servido de excusa para mediatizar y
encorsetar a la justicia de nuestro país, de forma que nuestros
jueces quedan maniatados bajo el poder político que sirve a los
intereses económicos capitalistas, y para ello han terminado
instituyendo el nuevo Tribunal de Orden Público Franquista a través
de la invención del Tribunal Constitucional que anula en buena
medida las sentencias del Tribunal Supremo.
La
vigente Constitución de 1978 niega el derecho al trabajo digno y a la vivienda digna, e impide el desarrollo
plurinacional de las Españas, porque niega las soberanías
territoriales de las partes que conforman el Estado Español. Esta
Constitución es la verdadera expresión de la legalidad capitalista
vigente, pero no de la justicia y la legitimidad por la que el
Carlismo combatió y sigue luchando.
Esta
Constitución escupe sobre la separación de poderes y ha sido la
artimaña por la cual se ha perpetrado en el poder los herederos de
las élites del franquismo, que son a su vez los herederos del
liberalismo decimonónico.
No
reconocemos la legalidad constitucional vigente, no aceptamos dicho
imperativo ilegítimo, porque es fruto de la ilegitimidad histórica
y antidemocrática.
Para
nosotros los carlistas, no es lo mismo legalidad que legitimidad. La
actual Constitución puede ser legal, pero no es justa, ni su
aplicación y desarrollo tampoco. Nuestra actual constitución es
heredera del golpismo decimonónico turnista, del golpismo contra las
leyes históricas, jurídicas y seculares de la Corona de las
Españas, representada por los Reyes y monarcas de la Dinastía
Carlista, la Legítima. Esta institución hoy se plasma en la Corona
Proscripta, mediante la personificación del Rey legítimo Don Carlos
Javier de Borbón como Alto Juez del Tribunal Supremo, como el
Monarca Defensor del Pueblo. Esto explica para nosotros la
legitimidad de origen, que se manifiesta en el poder judicial
representado por el monarca. Pero no nos confundamos de monarca,
porque no nos referimos a Felipe “VI”, quien en realidad es la
imagen y representación del poder ejecutivo del sistema neoliberal
capitalista, que impera en esta España centralista conforme al
imperativo Constitucional vigente.
Para
los carlistas, no sólo es la legitimidad de origen, en este caso la
que representa Don Carlos Javier a través del poder Judicial,
heredero de la legitimidad histórica, sino la legitimidad de
ejercicio la que debe compatibilizarse con la anterior. La
legitimidad de ejercicio es la legitimidad democrática, la que nace
de la libre voluntad del pueblo, y se expresa en los poderes
políticos ejecutivo y legislativo, a través de sus asambleas y
parlamentos bajo el árbol local, a través de las cámaras política,
socioeconómica y territorial.
Desde
el carlismo seguimos rechazando profundamente al neoliberalismo
burgués capitalista imperante, y por ello denunciamos esta
constitución de 1978, porque tras varios años hemos comprobado que
ha servido de excusa para la venta de las Españas al “mejor
postor”. Esta Constitución ha servido de contexto político para
permitir la corrupción que ha asolado durante los últimos 40 años
a las Españas.
Es
cierto que en parte esta Constitución de 1978 llenó de grandes y
buenas esperanzas a mucha gente, pero ya hemos visto para lo que ha
servido. No tenemos nada que celebrar. Hoy hemos trabajado como todos
los días. Nada que celebrar.
LEGITIMISTA DIGITAL
06 de diciembre de 2016
Hoy
se engalanan "nuestros" políticos liberales con la parafernalia
constitucional. Se autoproclaman herederos del constitucionalismo
español y liberal, herederos de la Pepa de 1812, herederos del
proyecto constitucional liberal de Bayona de 1810.
Una
constitución como es la de 1978, cuya parte social ha caído en saco
roto, cuya parte económica se ha desarrollado en pro del mercado y
la iniciativa privada capitalista, apartando completamente la
planificación de la economía. Una constitución que como sus
predecesoras ha consentido la privatización/desamortización de los
recursos, bienes y medios de producción. Una constitución que ha
amparado bajo su desarrollo el sistema de explotación neoliberal
capitalista, que ha entregado la soberanía de las Españas a la
plutocracia usurera, cuyos gestores, los políticos una vez más,
forman parte de esta podredumbre llamada “nación española”.
Hacen
gala de una patria que no existe, de una soberanía que tampoco
existe, se proclaman patriotas defensores del país, pero privatizan
todo lo público.
Una
constitución, la de 1978, que no hemos votado, que es fiel reflejo
de la continuidad del régimen franquista por lo que supuso la
“aceptación” de la reforma política frente a la ruptura
política. Una falsa aceptación impuesta que obligó a optar entre
“dictablanda” y monarquía franquista.
Una
constitución que acepta y blinda a la actual casa de Borbón, la
rama liberal, la alfonsina, la juanista, la que representó Juan
Carlos el Usurpador y ahora su hijo Felipe el Impostor. Se anima al
analfabetismo social a salir a festejar los años que llevamos con la
actual constitución, fruto de la “Santa Transición”. Esa falsa
transición “modélica” y supuestamente pacífica que albergó a
los comandos de la extrema derecha franquista de Guerrilleros de
Cristo Rey, Batallón Vasco Español, la Triple A, y varios asesinos
diversos que no tuvieron inconveniente en formar los comandos
terroristas de los GAL bajo el gobierno del PSOE, cuyo presidente
Felipe Gonzalez Márquez se apunta al rango de la letra X, señor X,
responsable político del terrorismo de Estado.
Las
sombras de la actual y vigente constitución comienzan por todo su
incumplimiento respecto al tema socioeconómico, y prosigue cuando
entrega la soberanía de las Españas a Maastrich, o cuando acepta la
limitación del techo del gasto de las Comunidades Autónomas, y todo
ello sin consultar a la población.
La
actual Constitución es terrible cuando apunta que el jefe del Estado
es irresponsable de sus actos, o permite que los insuficientes
referendos que puedan darse en el país, no sean vinculantes.
La
actual Constitución ha servido de excusa para mediatizar y
encorsetar a la justicia de nuestro país, de forma que nuestros
jueces quedan maniatados bajo el poder político que sirve a los
intereses económicos capitalistas, y para ello han terminado
instituyendo el nuevo Tribunal de Orden Público Franquista a través
de la invención del Tribunal Constitucional que anula en buena
medida las sentencias del Tribunal Supremo.
La
vigente Constitución de 1978 niega el derecho al trabajo digno y a la vivienda digna, e impide el desarrollo
plurinacional de las Españas, porque niega las soberanías
territoriales de las partes que conforman el Estado Español. Esta
Constitución es la verdadera expresión de la legalidad capitalista
vigente, pero no de la justicia y la legitimidad por la que el
Carlismo combatió y sigue luchando.
Esta
Constitución escupe sobre la separación de poderes y ha sido la
artimaña por la cual se ha perpetrado en el poder los herederos de
las élites del franquismo, que son a su vez los herederos del
liberalismo decimonónico.
No
reconocemos la legalidad constitucional vigente, no aceptamos dicho
imperativo ilegítimo, porque es fruto de la ilegitimidad histórica
y antidemocrática.
Para
nosotros los carlistas, no es lo mismo legalidad que legitimidad. La
actual Constitución puede ser legal, pero no es justa, ni su
aplicación y desarrollo tampoco. Nuestra actual constitución es
heredera del golpismo decimonónico turnista, del golpismo contra las
leyes históricas, jurídicas y seculares de la Corona de las
Españas, representada por los Reyes y monarcas de la Dinastía
Carlista, la Legítima. Esta institución hoy se plasma en la Corona
Proscripta, mediante la personificación del Rey legítimo Don Carlos
Javier de Borbón como Alto Juez del Tribunal Supremo, como el
Monarca Defensor del Pueblo. Esto explica para nosotros la
legitimidad de origen, que se manifiesta en el poder judicial
representado por el monarca. Pero no nos confundamos de monarca,
porque no nos referimos a Felipe “VI”, quien en realidad es la
imagen y representación del poder ejecutivo del sistema neoliberal
capitalista, que impera en esta España centralista conforme al
imperativo Constitucional vigente.
Para
los carlistas, no sólo es la legitimidad de origen, en este caso la
que representa Don Carlos Javier a través del poder Judicial,
heredero de la legitimidad histórica, sino la legitimidad de
ejercicio la que debe compatibilizarse con la anterior. La
legitimidad de ejercicio es la legitimidad democrática, la que nace
de la libre voluntad del pueblo, y se expresa en los poderes
políticos ejecutivo y legislativo, a través de sus asambleas y
parlamentos bajo el árbol local, a través de las cámaras política,
socioeconómica y territorial.
Desde
el carlismo seguimos rechazando profundamente al neoliberalismo
burgués capitalista imperante, y por ello denunciamos esta
constitución de 1978, porque tras varios años hemos comprobado que
ha servido de excusa para la venta de las Españas al “mejor
postor”. Esta Constitución ha servido de contexto político para
permitir la corrupción que ha asolado durante los últimos 40 años
a las Españas.
Es
cierto que en parte esta Constitución de 1978 llenó de grandes y
buenas esperanzas a mucha gente, pero ya hemos visto para lo que ha
servido. No tenemos nada que celebrar. Hoy hemos trabajado como todos
los días. Nada que celebrar.
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