lunes, 24 de marzo de 2014

LAS SOMBRAS DE ADOLFO SUAREZ: adiós a un expresidente de gobierno responsable de la marginación del carlismo



Un movimiento político de masas como el carlista, que tuvo gran importancia histórica y predicamento en los siglos XIX y XX, celebra todos los domingos de la primera semana del mes de mayo su peregrinación anual a la cima de Montejurra, cerca de Estella (Navarra). El Partido Carlista (EKA son sus siglas en euskera) recuerda siempre en su montaña sagrada uno de los episodios negros de la Transición: el asesinato de dos de sus seguidores a manos de pistoleros ultraderechistas ocurrido el 9 de mayo de 1976.


Fueron asesinados vilmente por la extrema derecha Aniano Jiménez Santos, militante carlista santanderino tiroteado a escasos metros del monasterio de Irache por José Luis Marín García-Verde, denominado el hombre de la gabardina, y Ricardo García Pellejero, ametrallado cerca de la cumbre de la montaña por pistoleros no identificados escondidos entre la niebla.

Aquel día, decenas de simpatizantes del Partido Carlista resultaron heridos de bala. Una muchedumbre de más de 10.000 personas reunida en Ayegui, una pequeña localidad cercana a Estella, sufrió la salvaje agresión de grupos perfectamente organizados que habían tomado la montaña sagrada del carlismo el día anterior y contaban con la connivencia, cuando menos, de la policía y la Guardia Civil. Manuel Fraga era entonces ministro de la Gobernación del Gobierno de Arias Navarro.


 José Ángel Pérez Nievas, abogado tudelano y secretario general del partido en Navarra, recordaba en 2006 que la historia ha dado la razón a los carlistas. "Los crímenes nunca castigados de Montejurra 76 obedecieron a una operación de Estado perfectamente tramada con el objetivo de desmantelar las aspiraciones políticas de un movimiento como el carlista, que tenía no sólo una alternativa democrática a la dictadura, sino su propio aspirante, legítimo, al trono de España, Carlos Hugo de Borbón-Parma".


Las explicaciones del tardofranquismo sobre los sucesos de Montejurra 76 siempre se centraron en el "enfrentamiento armado" entre dos "facciones" carlistas, dado que frente a la muchedumbre que arropaba a Carlos Hugo en una línea de socialismo autogestionario de inspiración cristiana, se situó otro hijo de Javier de Borbón, su propio hermano Sixto Enrique, representante de opciones mucho más tradicionalistas ligadas al franquismo. En otras palabras, desórdenes públicos con consecuencia de muerte.


El Partido Carlista de Euskalerria nunca aceptó tal explicación. "No podemos negar la presencia de Sixto, pero es innegable que el franquismo utilizó su figura y la de algún otro antiguo carlista rodeándolos de conocidos fascistas españoles e italianos". La finalidad de la operación, subraya Pérez Nievas, era "dar un golpe de gracia al carlismo real". Lo cierto es que el Partido Carlista no pudo concurrir a las primeras elecciones democráticas del año 1977 y aquí ya estaba de presidente de gobierno Adolfo Suarez.



Suárez jurando su cargo de Ministro Secretario General del Movimiento ante el Caudillo, quien, por cierto, designó como su sucesor a título de Rey a Juan Carlos de Borbón. Por mucho que se camufle, por mucho que se vaya de la ley a la ley el nuestro es un régimen levantado sobre varios perjurios que lavaron la cara al 18 de julio para la autoperpetuación de las oligarquías. El resto de versiones quedan muy bonitas para los documentales de Victoria Prego.


El que fuera presidente del gobierno Adolfo Suarez no permitió presentarse a los carlistas a las primeras elecciones democráticas, manteniendo ilegalizado el Partido Carlista. Todos los demás partidos de la oposición franquista que habían sido legalizados a excepción del carlista, se olvidaron del partido carlista para concurrir a las primeras elecciones democráticas. Las excusas que se pusieron encima de la mesa fueron diversas para impedir la presencia de los carlistas, y en este caso no podemos resaltar positivamente su figura tal y como se está haciendo.


La ley de Amnistía de 1977 aprobada por el gobierno Suarez, impidió que los agresores procesados fueran juzgados, permitiendo la total impunidad de los pistoleros ultraderechistas y manteniendo en prisión únicamente a los miembros de ETA. Hubo de pasar mucho tiempo hasta que la Audiencia Nacional reconociera a Aniano Jiménez y Ricardo García como víctimas del terrorismo. 

Terrorismo este, amparado por los servicios secretos gubernamentales cuando era ministro del interior Manuel Fraga Iribarne durante el gobierno del presidente Carlos Arias Navarro. El fallo llegó en noviembre de 2003, enmendando la tesis que durante los dos años previos había mantenido el Ministerio del Interior que dirigía Ángel Acebes, y obligó a indemnizar a los familiares de ambos jóvenes con sendas indemnizaciones de 23 millones de pesetas, según lo dispuesto en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo impulsada por el Gobierno de Aznar.


En la cima de Montejurra en 1976 fue hallada munición del Ejército. Las reservas de las habitaciones del séquito sixtino en el hotel Irache se realizaron desde instancias oficiales y el fallecido general Sáenz de Santamaría, entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, declaró en su día que, con la intención genérica de "reconquistar Montejurra" y arrebatarla a los que calificaban como "rojos-marxistas", el Gobierno de Arias tomó en consideración la operación, bautizada como Reconquista, y coordinó los contactos con los dirigentes carlistas Sixto de Borbón y José Arturo Márquez de Prado bajo la coordinación del Ministerio de la Gobernación. 

Dinero ingresado en bancos de Santander, Vitoria, Logroño, Pamplona y Burgos sirvió para financiar el desplazamiento de mercenarios de los grupos ultraderechistas Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español, Internacional Fascista Italiana y la Triple A argentina.


Las sombras de la transición llegan a Adolfo Suarez por la propia gestión antidemocrática que significaron todos estos hechos lamentables acontecidos. Hoy, casi todo el mundo llora su muerte porque se piensan que a él le debemos el actual estado “democrático”; un estado que hoy está dirigido por un gobierno como el de Mariano Rajoy, que se considera heredero político suyo y que está realizando los mayores recortes, atropellos, desafueros, desamortizaciones y privatizaciones de la historia de las Españas, yendo en contra de la misma Constitución de 1978 que tanto dicen defender.