Un movimiento político
de masas como el carlista, que tuvo gran importancia histórica y predicamento en
los siglos XIX y XX, celebra todos los domingos de la primera semana del mes de
mayo su peregrinación anual a la cima de Montejurra, cerca de Estella (Navarra).
El Partido Carlista (EKA son sus siglas en euskera) recuerda siempre en su
montaña sagrada uno de los episodios negros de la Transición: el asesinato de
dos de sus seguidores a manos de pistoleros ultraderechistas ocurrido el 9 de
mayo de 1976.
Fueron asesinados
vilmente por la extrema derecha Aniano Jiménez Santos, militante carlista
santanderino tiroteado a escasos metros del monasterio de Irache por José Luis
Marín García-Verde, denominado el hombre de la
gabardina, y Ricardo García Pellejero, ametrallado cerca de la cumbre de la montaña
por pistoleros no identificados escondidos entre la niebla.
Aquel día, decenas de simpatizantes del
Partido Carlista resultaron heridos de bala. Una muchedumbre de más de 10.000
personas reunida en Ayegui, una pequeña localidad cercana a Estella, sufrió la
salvaje agresión de grupos perfectamente organizados que habían tomado la
montaña sagrada del carlismo el día anterior y contaban con la connivencia,
cuando menos, de la policía y la Guardia Civil. Manuel Fraga era entonces ministro
de la Gobernación del Gobierno de Arias Navarro.
José Ángel Pérez Nievas, abogado tudelano y secretario general del partido en
Navarra, recordaba en 2006 que la historia ha dado la razón a los carlistas. "Los crímenes
nunca castigados de Montejurra 76 obedecieron a una operación de Estado
perfectamente tramada con el objetivo de desmantelar las aspiraciones políticas
de un movimiento como el carlista, que tenía no sólo una alternativa
democrática a la dictadura, sino su propio aspirante, legítimo, al trono de
España, Carlos Hugo de Borbón-Parma".
Las explicaciones del
tardofranquismo sobre los sucesos de Montejurra 76 siempre se centraron en el
"enfrentamiento armado" entre dos "facciones" carlistas,
dado que frente a la muchedumbre que arropaba a Carlos Hugo en una línea de
socialismo autogestionario de inspiración cristiana, se situó otro hijo de
Javier de Borbón, su propio hermano Sixto Enrique, representante de opciones
mucho más tradicionalistas ligadas al franquismo. En otras palabras, desórdenes
públicos con consecuencia de muerte.
El Partido Carlista de
Euskalerria nunca aceptó tal explicación. "No podemos negar la presencia
de Sixto, pero es innegable que el franquismo utilizó su figura y la de algún
otro antiguo carlista rodeándolos de conocidos fascistas españoles e
italianos". La finalidad de la operación, subraya Pérez Nievas, era
"dar un golpe de gracia al carlismo real". Lo cierto es que el
Partido Carlista no pudo concurrir a las primeras elecciones democráticas del
año 1977 y aquí ya estaba de presidente de gobierno Adolfo Suarez.
Suárez jurando su cargo de Ministro Secretario General del Movimiento ante el Caudillo, quien, por cierto, designó como su sucesor a título de Rey a Juan Carlos de Borbón. Por mucho que se camufle, por mucho que se vaya de la ley a la ley el nuestro es un régimen levantado sobre varios perjurios que lavaron la cara al 18 de julio para la autoperpetuación de las oligarquías. El resto de versiones quedan muy bonitas para los documentales de Victoria Prego.
El que fuera presidente
del gobierno Adolfo Suarez no permitió presentarse a los carlistas a las
primeras elecciones democráticas, manteniendo ilegalizado el Partido Carlista.
Todos los demás partidos de la oposición franquista que habían sido legalizados
a excepción del carlista, se olvidaron del partido carlista para concurrir a
las primeras elecciones democráticas. Las excusas que se pusieron encima de la
mesa fueron diversas para impedir la presencia de los carlistas, y en este caso
no podemos resaltar positivamente su figura tal y como se está haciendo.
La ley de Amnistía de
1977 aprobada por el gobierno Suarez, impidió que los agresores procesados
fueran juzgados, permitiendo la total impunidad de los pistoleros
ultraderechistas y manteniendo en prisión únicamente a los miembros de ETA.
Hubo de pasar mucho tiempo hasta que la Audiencia Nacional reconociera a Aniano
Jiménez y Ricardo García como víctimas del terrorismo.
Terrorismo este,
amparado por los servicios secretos gubernamentales cuando era ministro del
interior Manuel Fraga Iribarne durante el gobierno del presidente Carlos Arias
Navarro. El fallo llegó en noviembre de 2003, enmendando la tesis que durante
los dos años previos había mantenido el Ministerio del Interior que dirigía
Ángel Acebes, y obligó a indemnizar a los familiares de ambos jóvenes con
sendas indemnizaciones de 23 millones de pesetas, según lo dispuesto en la Ley
de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo impulsada por el Gobierno de
Aznar.
En la cima de Montejurra
en 1976 fue hallada munición del Ejército. Las reservas de las habitaciones del
séquito sixtino en el hotel Irache se realizaron desde instancias oficiales y
el fallecido general Sáenz de Santamaría, entonces jefe del Estado Mayor de la
Guardia Civil, declaró en su día que, con la intención genérica de
"reconquistar Montejurra" y arrebatarla a los que calificaban como
"rojos-marxistas", el Gobierno de Arias tomó en consideración la
operación, bautizada como Reconquista, y coordinó los contactos
con los dirigentes carlistas Sixto de Borbón y José Arturo Márquez de Prado
bajo la coordinación del Ministerio de la Gobernación.
Dinero ingresado en
bancos de Santander, Vitoria, Logroño, Pamplona y Burgos sirvió para financiar
el desplazamiento de mercenarios de los grupos ultraderechistas Guerrilleros de
Cristo Rey, Batallón Vasco Español, Internacional Fascista Italiana y la Triple
A argentina.
Las sombras de la
transición llegan a Adolfo Suarez por la propia gestión antidemocrática que
significaron todos estos hechos lamentables acontecidos. Hoy, casi todo el
mundo llora su muerte porque se piensan que a él le debemos el actual estado “democrático”;
un estado que hoy está dirigido por un gobierno como el de Mariano Rajoy, que
se considera heredero político suyo y que está realizando los mayores recortes,
atropellos, desafueros, desamortizaciones y privatizaciones de la historia de
las Españas, yendo en contra de la misma Constitución de 1978 que tanto dicen
defender.
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