¡Abajo La Pepa!

¡Abajo La Pepa!
12/03/2012. Félix Rodrigo Mora
En medio de una algarabía mediática manipulativa y adoctrinadora sin
pudor, que irá subiendo de tono e intensidad a medida que nos acerquemos
al día 19 de marzo, en que se cumplen 200 años de la promulgación de
‘La Pepa’ (forma populista de nombrar a ese documento político-jurídico
cuyo nombre es ‘Constitución Política de la Monarquía Española’),
tenemos que salir en defensa de la verdad contra las mentiras oficiales.
Todos los poderes están unidos en panegírico de la Constitución de 1812,
que inicia el actual régimen de dictadura política y explotación
económica: el ejército (que es quien sobre todo la creó), la Iglesia, la
gran banca, las multinacionales españolas, la casta intelectual y
académica, el mundo del espectáculo, la monarquía, los partidos
políticos, el parlamento, los déspotas mediáticos, los sindicatos
amarillos y por supuesto el gobierno del PP, es decir, todos los que nos
privan de libertad, imponen el reino de la mentira, expolian y
deshumanizan.
Frente a un tipo de propaganda, la oficial, no cabe oponer
contrapropaganda, sea de un tipo u otro, sino sencillamente la verdad.
La verdad desnuda. Sólo así quedará respetada la libertad de conciencia de las personas. Tal se puede sintetizar en 18 bloques argumentales.
Uno. La Constitución de 1812 no vino del deseo de “realiza la libertad”
como dicen los historiadores e ideólogos mercenarios, ni significó el
paso “de súbditos a ciudadanos”, sino que dimanó de la necesidad y el
deseo del aparato estatal, sobre todo del ejército, de sobredominar a
las clases populares, perfeccionado en calidad y cantidad su dictadura.
Fue una colosal expansión del Estado su causa y, al mismo tiempo, su
consecuencia.
Dos. No fue elaborada por el pueblo, como sí lo habían sido, en
asambleas concejiles libres, ordenadas y responsables, la gran mayoría
de los fueros y cartas pueblas de nuestros siglos XI-XIII. La
Constitución de 1812 la redactaron en las Cortes de Cádiz (1810-1813)
una amalgama de jefes militares, eclesiásticos, aristócratas, altos
funcionarios, abogados y ricos propietarios. Eso evidencia que el pueblo
no poseía (y sigue sin poseer) el poder legislativo, que estaba en
manos del Estado. La Constitución de 1812 fue impuesta por éste al
pueblo a punta de bayoneta, con un colosal derramamiento de sangre.
Tres. El ejército fue el principal actor del proceso constituyente
gaditano, y el principal beneficiario, ya que el régimen ordenado en
dicha Constitución fue de facto una dictadura militar, con los
sanguinarios “espadones” (Riego, Espartero, Prim y otros) ordenándolo
todo. Quienes celebran el Bicentenario están loando al militarismo.
Cuatro. El pueblo, los pueblos peninsulares, rechazaron con su obrar por
amplia mayoría la Constitución de 1812, al ser una imposición e ir en
contra de sus formas de vida. Esta es la primordial verdad negada por
los historiadores subsidiados. Los motivos principales por los que la
resistieron fueron, sobre todo, 16: abolió la autonomía del municipio,
negó personalidad jurídica al concejo abierto, destruyó el comunal,
prohibió el control popular de la vida económica local, desarticuló los
sistemas de ayuda mutua, impuso las quintas (servicio militar
obligatorio), elevó colosalmente los impuestos pagados por el pueblo,
organizó el régimen patriarcal, derogó los fueros territoriales, creó
jurídicamente la propiedad privada absoluta y con ella el capitalismo,
condenó al pueblo a la miseria material, generalizó el trabajo
asalariado, negó toda forma de participación política a los hombres y a
las mujeres de las clases populares, hizo del ejército el poder soberano
de facto, inició la construcción del Estado policial y operó siempre
por medio del terror.
Cinco. Es una mentira desvergonzada que el pueblo, los pueblos,
rechazasen la Constitución por estar mentalmente dominados por el clero,
por ser reaccionario, por amar sus cadenas, etc. Lo cierto es que: a)
el clero estuvo, como redactor e impositor, con la Constitución desde el
primer momento; b) los reaccionarios eran los defensores de la
Constitución, esto es, los poderosos, los ricos, los intelectuales y los
militares; c) si el pueblo se alzó en armas contra ella, ya en la
guerra civil de 1821-23, era para defender las libertades reales y no
para negarlas.
Seis. La Constitución de Cádiz fue una declaración de guerra del Estado
al pueblo. Como éste la resistió con todos los medios a su alcance, el
ejército y los cuerpos represivos nacidos de ellas, en particular la
criminal Milicia Nacional, hicieron matanzas continuadas, asesinando en
ocasiones a todos los habitantes de una misma aldea. Donde más
resistencia encontró fue en el mundo rural y por eso los gobiernos
constitucionales llevaron adelante una estrategia de exterminar sobre el
terreno a quienes discrepaban y resistían, a veces partidas enteras de
cientos de hombres y mujeres que se habían echado al monte. La
Constitución de 1812 chorrea sangre y eso nadie lo puede negar. Apoyarla
es dar respaldo a un genocidio.
Siete. A través sobre todo de los procesos privatizadores de los bienes
comunales, de los cambios en la legislación, de la acción económica del
ejército y del incremento descomunal de los tributos, la Constitución de
1812 y las que la continuaron (de 1837, 1845, 1869, etc.) establecieron
la propiedad privada absoluta, que antes era débil y muy poco común, y
con ella el capitalismo. Todo eso ocasionó una etapa de enorme miseria
popular, de 1840 en adelante, con gran aumento de la mortalidad, con
hambre y otras muchas calamidades.
Ocho. La privatización de los comunales, con las leyes de 1813 (surgida
también de las Cortes de Cádiz) y luego la de desamortización civil
1855, originaron una catástrofe ecológica, con destrucción de millones
de hectáreas de arbolado autóctono, expansión irracional de la
agricultura, demonización del consumo de frutos e hierbas silvestres,
declive de la fertilidad de los suelos, reducción de la pluviosidad,
desertificación y erosión. Hubo, por tanto, un cambio climático, se
hundió la biodiversidad y se crearon espacios casi por completo
deforestados, hasta hoy. ‘La Pepa’, por tanto, fue ecocida.
Nueve. La promulgación de la Constitución de 1812 significó la abolición
de los fueros en Euskal Herria y otros territorios (en Cataluña ya
habían sido proscritos anteriormente), que eran sus formas
cuasi-soberanas de gobierno. Por ello la cultura, historia, lengua y
manera de ser de las gentes de aquéllos entró en una espiral de
devastación sin precedentes, hasta hoy. Por todas partes se impuso el
idioma del Estado, el castellano, y Madrid se transformó en la Urbe
despótica, centralizadora, militarista, policiaca, funcionarial, llena
de vicios y ladrona.
Diez. La Constitución de 1812 es un modelo perfecto de imperialismo y
colonialismo. Tiene el descaro de incluir como áreas de soberanía
española, en su artículo 10, “De los territorios de las Españas”, a las
“posesiones de África”, a la totalidad de las colonias americanas y “en
el Asia, las Islas Filipinas y a las que dependen de su gobierno”.
Loarla es identificarse con el colonialismo más rapaz y sanguinario. Hoy
la empresa multinacional española, creada sobre todo en 1982-1996, es
la heredera del colonialismo del texto gaditano.
Once. La instauración del Estado policial fue uno de los “logros” de la
Constitución de Cádiz. Ésta abolió la Inquisición sólo para establecer
varios cuerpos policiales mucho más eficaces que aquélla, dirigidos a
controlar, aterrorizar, torturar y asesinar al pueblo. Primero la
Milicia Nacional, de estremecedora ejecutoria, luego la Policía
Gubernativa y, culminando el proceso, la Guardia Civil en 1844 (estando
vigente la Constitución de 1837, heredera y continuadora de la de 1812, igual que la actual, de 1978). Así hemos perdido no solo la libertad política y de conciencia sino también la libertad civil.
Doce. El texto político-jurídico de 1812 al establecer la educación
primaria a cargo del Estado, con el conocido Discurso de Quintana ante
las Cortes en 1813 y con el Título IX de aquél, da un salto cualitativo
en la negación de la libertad de conciencia,
homogeneizando por el adoctrinamiento a la población en las ideas y
creencias que interesan al Estado, haciendo de la persona una criatura
del Estado, sin vida interior ni juicio propio, hasta hoy. Además, al
ser obligatoria y en la lengua estatal, el castellano, fue otro golpe
devastador a los demás idiomas peninsulares.
Trece. Frente a la ausencia de sexismos propia de las clases populares,
la Constitución de 1812, como heredera y continuadora que era del
derecho romano, introdujo implícitamente el patriarcado, esto es la
marginación de la mujer. Debido a la firme resistencia a tal enormidad,
la instauración explícita del régimen patriarcal por el Estado, no tuvo
lugar hasta la promulgación del Código Civil de 1889. El patriarcado
constitucional es una copia del impuesto por la revolución francesa,
atrozmente misógina, guía del progresismo español hasta el presente.
Catorce. Frente al convivencialismo, colectivismo, comunalismo y los muy
numerosos sistemas de ayuda mutua propios de las clases populares
peninsulares, la Constitución de 1812 impuso el individualismo burgués,
el egoísmo, la amoralidad, el desprecio por el prójimo y la hobessiana
“guerra de todos contra todos”, que hoy están destruyendo nuestras
vidas. Lo hizo no sólo al establecer la propiedad privada absoluta y al
proclamar la centralidad de la razón de Estado sino por otros muchos
procedimientos. Eso ha significado pasar a un tipo de existencia sin
afectos, solitaria, deshumanizada, inespiritual, zoológica y bestial.
Quince. El régimen partitocrático y parlamentario, que niega al pueblo
la soberanía y la libertad, que lo reduce a una gran masa esclava del
Estado, de la banca y de la gran empresa es introducido por ‘La Pepa’.
Toda forma de parlamentarismo es un régimen de dictadura política, pues
sólo un gobierno por asambleas es democrático, como lo era el sistema de
concejo abierto. Y todo orden de partidos políticos es y será siempre
corrupto, caciquil, demagógico, divisor del pueblo, causa de ignorancia y
embrutecimiento e inmoral.
Dieciséis. El ferocísimo ataque del Estado al pueblo-pueblos que es la
Constitución de 1812 llevó a lo que se llama “España” a una situación de
guerra civil casi permanente, que se mantuvo hasta 1939, esto es,
durante siglo y cuarto. Franco es el último, hasta el momento,
“espadón”, y se alzó para aplastar de una vez por todas la resistencia
popular a los cambios a mucho peor establecidos en Cádiz. El fascismo de
Franco es una expresión del espíritu constitucional gaditano en todo lo
importante. Parlamentarismo y fascismo son en esencia lo mismo, formas
de dictadura del capital y el ente estatal.
Diecisiete. La Constitución de Cádiz dio el paso definitivo a lo que la
nefasta y estatolátrica Ilustración, sobre todo con Jovellanos, buscaba,
hacer prevalecer a la ciudad sobre el campo, avasallando y destruyendo
éste. El mundo rural fue triturado por el constitucionalismo gaditano y
sus continuadores, con impuestos insoportables, una legislación en todo
favorable a la ciudad, por medio del sistema educativo estatal y con la
decisiva intervención de la Guardia Civil. Así, una cultura milenaria,
plena de saberes, comunión con la naturaleza, colectivismo,
convivencialismo y elevación estética, se fue derrumbando hasta ser
liquidada del todo por el franquismo en 1955-70. La Carta de 1812 es
culpable pues de genocidio cultural.
Dieciocho. Al imponer el capitalismo la Constitución de 1812 inició la
conversión del trabajo asalariado en forma de quehacer productivo
dominante. A pocas novedades se opusieron tanto las gente del siglo XIX
como a ésta, con toda razón. El régimen salarial es la forma actual del
sistema esclavista de la Antigüedad al hacer del trabajador un siervo
del patrono. Niega la libertad civil, degrada y deshumaniza a la
persona, es fuente de los peores vicios (alcoholismo, prostitución,
tabaquismo, drogas, etc.) y explota despiadadamente al productor o
productora. No hay regeneración social posible, rehumanización y vida
civilizada sin poner fin al sistema salarial, creando una sociedad
colectivista y comunal en todos los quehaceres productivos, sin patronos
ni banqueros ni tecnócratas, por tanto, sin asalariados.
En consecuencia, es necesario que a lo largo de 2012 libremos una gran
pelea de ideas, datos y argumentos para rechazar los derrochadores y
fanfarrones fastos del Bicentenario, evidenciar a los historiadores,
intelectuales y artistas mercantilizados que se suman a ellos tanto como
a las grandes empresas que están implicadas.
Hay que denunciar el carácter adoctrinador y sin libertad de este vil
montaje político, dado que los medios de comunicación no admiten
posiciones realmente discrepantes y críticas.
Ello es más importante hacerlo ahora por cuánto dos elementos claves del
orden Constitucional, el parlamentarismo y el sistema capitalista,
padecen en estos días una crisis en desarrollo de credibilidad y
legitimidad, que debe ser profundizada para lograr que maduren las
condiciones de una revolución integral que estatuya la libertad para el
pueblo. DIARIO Bahía de Cádiz
* Félix Rodrigo Mora es escritor, historiador y filósofo político
español autodidacta. Autor de libros y artículos, y conferenciante.
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