¡Abajo La Pepa!

¡Abajo La Pepa!
12/03/2012. Félix Rodrigo Mora

En medio de una algarabía mediática manipulativa y adoctrinadora sin pudor, que irá subiendo de tono e intensidad a medida que nos acerquemos al día 19 de marzo, en que se cumplen 200 años de la promulgación de ‘La Pepa’ (forma populista de nombrar a ese documento político-jurídico cuyo nombre es ‘Constitución Política de la Monarquía Española’), tenemos que salir en defensa de la verdad contra las mentiras oficiales.

Todos los poderes están unidos en panegírico de la Constitución de 1812, que inicia el actual régimen de dictadura política y explotación económica: el ejército (que es quien sobre todo la creó), la Iglesia, la gran banca, las multinacionales españolas, la casta intelectual y académica, el mundo del espectáculo, la monarquía, los partidos políticos, el parlamento, los déspotas mediáticos, los sindicatos amarillos y por supuesto el gobierno del PP, es decir, todos los que nos privan de libertad, imponen el reino de la mentira, expolian y deshumanizan.

Frente a un tipo de propaganda, la oficial, no cabe oponer contrapropaganda, sea de un tipo u otro, sino sencillamente la verdad.

La verdad desnuda. Sólo así quedará respetada la libertad de conciencia de las personas. Tal se puede sintetizar en 18 bloques argumentales.

Uno. La Constitución de 1812 no vino del deseo de “realiza la libertad” como dicen los historiadores e ideólogos mercenarios, ni significó el paso “de súbditos a ciudadanos”, sino que dimanó de la necesidad y el deseo del aparato estatal, sobre todo del ejército, de sobredominar a las clases populares, perfeccionado en calidad y cantidad su dictadura. Fue una colosal expansión del Estado su causa y, al mismo tiempo, su consecuencia.

Dos. No fue elaborada por el pueblo, como sí lo habían sido, en asambleas concejiles libres, ordenadas y responsables, la gran mayoría de los fueros y cartas pueblas de nuestros siglos XI-XIII. La Constitución de 1812 la redactaron en las Cortes de Cádiz (1810-1813) una amalgama de jefes militares, eclesiásticos, aristócratas, altos funcionarios, abogados y ricos propietarios. Eso evidencia que el pueblo no poseía (y sigue sin poseer) el poder legislativo, que estaba en manos del Estado. La Constitución de 1812 fue impuesta por éste al pueblo a punta de bayoneta, con un colosal derramamiento de sangre.

Tres. El ejército fue el principal actor del proceso constituyente gaditano, y el principal beneficiario, ya que el régimen ordenado en dicha Constitución fue de facto una dictadura militar, con los sanguinarios “espadones” (Riego, Espartero, Prim y otros) ordenándolo todo. Quienes celebran el Bicentenario están loando al militarismo.

Cuatro. El pueblo, los pueblos peninsulares, rechazaron con su obrar por amplia mayoría la Constitución de 1812, al ser una imposición e ir en contra de sus formas de vida. Esta es la primordial verdad negada por los historiadores subsidiados. Los motivos principales por los que la resistieron fueron, sobre todo, 16: abolió la autonomía del municipio, negó personalidad jurídica al concejo abierto, destruyó el comunal, prohibió el control popular de la vida económica local, desarticuló los sistemas de ayuda mutua, impuso las quintas (servicio militar obligatorio), elevó colosalmente los impuestos pagados por el pueblo, organizó el régimen patriarcal, derogó los fueros territoriales, creó jurídicamente la propiedad privada absoluta y con ella el capitalismo, condenó al pueblo a la miseria material, generalizó el trabajo asalariado, negó toda forma de participación política a los hombres y a las mujeres de las clases populares, hizo del ejército el poder soberano de facto, inició la construcción del Estado policial y operó siempre por medio del terror.

Cinco. Es una mentira desvergonzada que el pueblo, los pueblos, rechazasen la Constitución por estar mentalmente dominados por el clero, por ser reaccionario, por amar sus cadenas, etc. Lo cierto es que: a) el clero estuvo, como redactor e impositor, con la Constitución desde el primer momento; b) los reaccionarios eran los defensores de la Constitución, esto es, los poderosos, los ricos, los intelectuales y los militares; c) si el pueblo se alzó en armas contra ella, ya en la guerra civil de 1821-23, era para defender las libertades reales y no para negarlas.

Seis. La Constitución de Cádiz fue una declaración de guerra del Estado al pueblo. Como éste la resistió con todos los medios a su alcance, el ejército y los cuerpos represivos nacidos de ellas, en particular la criminal Milicia Nacional, hicieron matanzas continuadas, asesinando en ocasiones a todos los habitantes de una misma aldea. Donde más resistencia encontró fue en el mundo rural y por eso los gobiernos constitucionales llevaron adelante una estrategia de exterminar sobre el terreno a quienes discrepaban y resistían, a veces partidas enteras de cientos de hombres y mujeres que se habían echado al monte. La Constitución de 1812 chorrea sangre y eso nadie lo puede negar. Apoyarla es dar respaldo a un genocidio.

Siete. A través sobre todo de los procesos privatizadores de los bienes comunales, de los cambios en la legislación, de la acción económica del ejército y del incremento descomunal de los tributos, la Constitución de 1812 y las que la continuaron (de 1837, 1845, 1869, etc.) establecieron la propiedad privada absoluta, que antes era débil y muy poco común, y con ella el capitalismo. Todo eso ocasionó una etapa de enorme miseria popular, de 1840 en adelante, con gran aumento de la mortalidad, con hambre y otras muchas calamidades.

Ocho. La privatización de los comunales, con las leyes de 1813 (surgida también de las Cortes de Cádiz) y luego la de desamortización civil 1855, originaron una catástrofe ecológica, con destrucción de millones de hectáreas de arbolado autóctono, expansión irracional de la agricultura, demonización del consumo de frutos e hierbas silvestres, declive de la fertilidad de los suelos, reducción de la pluviosidad, desertificación y erosión. Hubo, por tanto, un cambio climático, se hundió la biodiversidad y se crearon espacios casi por completo deforestados, hasta hoy. ‘La Pepa’, por tanto, fue ecocida.

Nueve. La promulgación de la Constitución de 1812 significó la abolición de los fueros en Euskal Herria y otros territorios (en Cataluña ya habían sido proscritos anteriormente), que eran sus formas cuasi-soberanas de gobierno. Por ello la cultura, historia, lengua y manera de ser de las gentes de aquéllos entró en una espiral de devastación sin precedentes, hasta hoy. Por todas partes se impuso el idioma del Estado, el castellano, y Madrid se transformó en la Urbe despótica, centralizadora, militarista, policiaca, funcionarial, llena de vicios y ladrona.

Diez. La Constitución de 1812 es un modelo perfecto de imperialismo y colonialismo. Tiene el descaro de incluir como áreas de soberanía española, en su artículo 10, “De los territorios de las Españas”, a las “posesiones de África”, a la totalidad de las colonias americanas y “en el Asia, las Islas Filipinas y a las que dependen de su gobierno”. Loarla es identificarse con el colonialismo más rapaz y sanguinario. Hoy la empresa multinacional española, creada sobre todo en 1982-1996, es la heredera del colonialismo del texto gaditano.

Once. La instauración del Estado policial fue uno de los “logros” de la Constitución de Cádiz. Ésta abolió la Inquisición sólo para establecer varios cuerpos policiales mucho más eficaces que aquélla, dirigidos a controlar, aterrorizar, torturar y asesinar al pueblo. Primero la Milicia Nacional, de estremecedora ejecutoria, luego la Policía Gubernativa y, culminando el proceso, la Guardia Civil en 1844 (estando vigente la Constitución de 1837, heredera y continuadora de la de 1812, igual que la actual, de 1978). Así hemos perdido no solo la libertad política y de conciencia sino también la libertad civil.

Doce. El texto político-jurídico de 1812 al establecer la educación primaria a cargo del Estado, con el conocido Discurso de Quintana ante las Cortes en 1813 y con el Título IX de aquél, da un salto cualitativo en la negación de la libertad de conciencia, homogeneizando por el adoctrinamiento a la población en las ideas y creencias que interesan al Estado, haciendo de la persona una criatura del Estado, sin vida interior ni juicio propio, hasta hoy. Además, al ser obligatoria y en la lengua estatal, el castellano, fue otro golpe devastador a los demás idiomas peninsulares.

Trece. Frente a la ausencia de sexismos propia de las clases populares, la Constitución de 1812, como heredera y continuadora que era del derecho romano, introdujo implícitamente el patriarcado, esto es la marginación de la mujer. Debido a la firme resistencia a tal enormidad, la instauración explícita del régimen patriarcal por el Estado, no tuvo lugar hasta la promulgación del Código Civil de 1889. El patriarcado constitucional es una copia del impuesto por la revolución francesa, atrozmente misógina, guía del progresismo español hasta el presente.

Catorce. Frente al convivencialismo, colectivismo, comunalismo y los muy numerosos sistemas de ayuda mutua propios de las clases populares peninsulares, la Constitución de 1812 impuso el individualismo burgués, el egoísmo, la amoralidad, el desprecio por el prójimo y la hobessiana “guerra de todos contra todos”, que hoy están destruyendo nuestras vidas. Lo hizo no sólo al establecer la propiedad privada absoluta y al proclamar la centralidad de la razón de Estado sino por otros muchos procedimientos. Eso ha significado pasar a un tipo de existencia sin afectos, solitaria, deshumanizada, inespiritual, zoológica y bestial.

Quince. El régimen partitocrático y parlamentario, que niega al pueblo la soberanía y la libertad, que lo reduce a una gran masa esclava del Estado, de la banca y de la gran empresa es introducido por ‘La Pepa’. Toda forma de parlamentarismo es un régimen de dictadura política, pues sólo un gobierno por asambleas es democrático, como lo era el sistema de concejo abierto. Y todo orden de partidos políticos es y será siempre corrupto, caciquil, demagógico, divisor del pueblo, causa de ignorancia y embrutecimiento e inmoral.

Dieciséis. El ferocísimo ataque del Estado al pueblo-pueblos que es la Constitución de 1812 llevó a lo que se llama “España” a una situación de guerra civil casi permanente, que se mantuvo hasta 1939, esto es, durante siglo y cuarto. Franco es el último, hasta el momento, “espadón”, y se alzó para aplastar de una vez por todas la resistencia popular a los cambios a mucho peor establecidos en Cádiz. El fascismo de Franco es una expresión del espíritu constitucional gaditano en todo lo importante. Parlamentarismo y fascismo son en esencia lo mismo, formas de dictadura del capital y el ente estatal.

Diecisiete. La Constitución de Cádiz dio el paso definitivo a lo que la nefasta y estatolátrica Ilustración, sobre todo con Jovellanos, buscaba, hacer prevalecer a la ciudad sobre el campo, avasallando y destruyendo éste. El mundo rural fue triturado por el constitucionalismo gaditano y sus continuadores, con impuestos insoportables, una legislación en todo favorable a la ciudad, por medio del sistema educativo estatal y con la decisiva intervención de la Guardia Civil. Así, una cultura milenaria, plena de saberes, comunión con la naturaleza, colectivismo, convivencialismo y elevación estética, se fue derrumbando hasta ser liquidada del todo por el franquismo en 1955-70. La Carta de 1812 es culpable pues de genocidio cultural.

Dieciocho. Al imponer el capitalismo la Constitución de 1812 inició la conversión del trabajo asalariado en forma de quehacer productivo dominante. A pocas novedades se opusieron tanto las gente del siglo XIX como a ésta, con toda razón. El régimen salarial es la forma actual del sistema esclavista de la Antigüedad al hacer del trabajador un siervo del patrono. Niega la libertad civil, degrada y deshumaniza a la persona, es fuente de los peores vicios (alcoholismo, prostitución, tabaquismo, drogas, etc.) y explota despiadadamente al productor o productora. No hay regeneración social posible, rehumanización y vida civilizada sin poner fin al sistema salarial, creando una sociedad colectivista y comunal en todos los quehaceres productivos, sin patronos ni banqueros ni tecnócratas, por tanto, sin asalariados.

En consecuencia, es necesario que a lo largo de 2012 libremos una gran pelea de ideas, datos y argumentos para rechazar los derrochadores y fanfarrones fastos del Bicentenario, evidenciar a los historiadores, intelectuales y artistas mercantilizados que se suman a ellos tanto como a las grandes empresas que están implicadas.

Hay que denunciar el carácter adoctrinador y sin libertad de este vil montaje político, dado que los medios de comunicación no admiten posiciones realmente discrepantes y críticas.

Ello es más importante hacerlo ahora por cuánto dos elementos claves del orden Constitucional, el parlamentarismo y el sistema capitalista, padecen en estos días una crisis en desarrollo de credibilidad y legitimidad, que debe ser profundizada para lograr que maduren las condiciones de una revolución integral que estatuya la libertad para el pueblo. DIARIO Bahía de Cádiz

* Félix Rodrigo Mora es escritor, historiador y filósofo político español autodidacta. Autor de libros y artículos, y conferenciante.