miércoles, 22 de abril de 2009

El Gobierno español favorece la especulación con los alimentos



El viernes se llevaron a cabo en el mundo cientos de movilizaciones contra la especulación con los alimentos y a favor de la Soberanía Alimentaria, impulsadas por La Vía Campesina, una red internacional que representa a 120 millones de familias campesinas. Ecologistas en Acción, como miembro de la Plataforma Rural, se sumó a estas movilizaciones con diferentes acciones.
Mientras la crisis financiera y sus consecuencias se extienden por el planeta, la Unión Europea y el Gobierno español siguen defendiendo el ‘libre mercado’ como solución. Ecologistas en Acción señala que fueron las políticas neoliberales de comercio e inversión que han causado la crisis global, y por lo tanto deben ser cambiadas radicalmente. Por ejemplo, los tratados de ‘libre comercio’ (TLC) que la UE negocia con más 100 países -con el férreo apoyo del ejecutivo español- siguen con la extrema desregulación de la industria financiera, impidiendo los países a reformar su sector financiero. Los TLC pretenden prohibir la especulación con el precio de los alimentos, justo lo contrario de lo que estamos reclamando con urgencia.
El Gobierno español promueve irresponsablemente -como lo está haciendo la UE y el conjunto del G-20, nuevas liberalizaciones comerciales en la Organización Mundial de Comercio (OMC), la llamada ’Ronda de Doha’, para ’impulsar el crecimiento’. Ello supondría una mayor desregulación, por ejemplo, del sector agrícola. Impulsar intencionadamente políticas que permiten especular con la comercialización de materias primas agroalimentarias -en un momento de casi 1.000 millones de personas con hambre en el mundo- es un crimen contra la humanidad.
Desde que empezó la actual crisis económica, ninguno de los Gobiernos que han abogado por una reforma del sistema financiero ha tomado en cuenta que la OMC impone una extrema desregulación de los servicios financieros en más de 100 países. Actualmente, la OMC está intentando ampliar el alcance y las reglas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, GATS en inglés), que impone muchas restricciones a la regulación gubernamental sobre el sector de los servicios financieros, impide que se prohíban los productos financieros de alto riesgo, y crea condiciones favorables para nuevos productos especulativos -como las hipotecas sub-prime- sin poder limitar o regularlos. Así, los países no pueden impedir que operadores financieros extranjeros ofrezcan productos de alto riesgo, como el comercio de derivados, considerado una de las principales causas de la crisis financiera. El comercio de derivados con alimentos ha desembocado en una especulación salvaje con el precio de los alimentos, que afecta tanto a pequeños productores como a la mayoría de los consumidores.
Las crisis alimentaria y financiera actuales desencadenaron un nuevo ciclo mundial de apropiación de tierras. En medio de la profundización de la crisis financiera, el capital especulativo ve la inversión en tierras agrícolas como una importante fuente de nuevas ganancias. El resultado es, como demuestra el estudio de la ONG GRAIN, que las tierras fértiles se privatizan y concentran aún más, convirtiéndoles en un nuevo activo estratégico de las empresas transnacionales y la industria financiera.
La crisis financiera ha puesto al descubierto que el modelo de ’libre mercado’, desregulación y una creciente competitividad sólo beneficia a las empresas transnacionales y el capital especulativo. La mayoría de la sociedad quedó desprotegida, y ahora encima debe pagar el precio de rescate de las empresas que provocaron la crisis. Además, con nuevas liberalizaciones comerciales, el desempleo aumentará en todo el mundo. Como la agricultura sigue siendo el mayor proveedor de empleo en el mundo, se exige políticas públicas que promuevan sistemas agroalimentarios locales, basados en la agricultura ecológica. Por ello exigimos que se destine el Fondo Estatal para la Inversión Local del Plan E para estos fines, porque ll agricultura campesina tiene que ser el actor central para recibir ayudas públicas, y no las empresas de construcción.
Ecologistas en Acción exige al Gobierno español aplicar ‘medidas cautelares’ para erradicar la reconocida especulación financiera en los mercados agro-alimentarios. Se deben detener todas las negociaciones sobre servicios financieros en el AGCS y los tratados de libre comercio (TLC). Además, el Gobierno Zapatero debe dar marcha atrás en la liberalización comercial, y contribuir a paralizar inmediatamente todas las negociaciones comerciales, tanto multilaterales en la OMC, así como bilaterales y biregionales de la UE.
Demandamos además una reforma radical de la PAC, garantizando un abastecimiento alimentario en el marco de la Soberanía Alimentaria y la sostenibilidad social y ambiental, precios justos para productores y consumidores, así como un marcolegislativo que ayuda a desmantelar la preocupante concentración de poder en manos de las grandes empresas de distribución agroalimentaria.